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MOCIÓN RENTA SOCIAL BÁSICA 

Esta Moción tiene como finalidad articular la Renta Social Básica como un derecho público subjetivo autonómico de forma que constituya un eficaz instrumento para erradicar la pobreza severa, la marginación y las situaciones extremas de desigualdad en Andalucía.  

Según las estimaciones realizadas en 2007 más de 400.000 personas están en situación de grave exclusión social, destacando la provincia de Cádiz, con cerca de un 9,4% sobre la población empadronada, lo que significa que, lejos de haber descendido el umbral de la pobreza, las situaciones extremas de exclusión se dan cada vez en mayor número. Se trata de personas desempleadas o jubiladas, en situaciones de grave riesgo social, por circunstancias como la ruptura familiar donde una de las partes queda sin los medios mínimos para rehacer su vida, sobre todo en el caso de mujeres que optaron por dedicarse de lleno a la familia o con hijos pequeños a cargo, donde la ex pareja no puede o evade garantizar la pensión alimenticia; la inmigración extra o intracomunitaria; personas mayores sin derecho a tener una pensión contributiva o que ésta es notoriamente insuficiente, etc.
Cuando se acerca el 60º aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos no podemos consentir que miles de personas  carezcan en la práctica de sus derechos humanos efectivos porque no pueden acceder a los mínimos vitales. En esta sensibilidad, la construcción nacional de Andalucía tiene como uno de sus principales compromisos lograr una Andalucía libre de miseria.
Andalucía debe emprender una profundización en el Estado del Bienestar, dando respuesta a los nuevos retos que plantea la globalización, con nuevos derechos, nuevas responsabilidades y nuevos sujetos. La pobreza de una parte de nuestros residentes no puede ser ignorada por un Estado que tienen la naturaleza de Social y que tiene en las políticas de servicios sociales uno de sus justificantes legitimadores. Sin embargo, estas nuevas realidades están insuficientemente atendidas por el sistema público de Seguridad Social, a pesar del crecimiento económico que, en términos absolutos, se ha producido en España y en Andalucía en la última década.



 

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